Miercoles, 24 de Enero de 2018
02 de Ene | 00:52:00 - POLITICA
Catamarca aprobada en el Pacto Fiscal - Gustavo Saadi y Compania levantaron la mano

GOBIERNO CONFÍA EN QUE ANTES DE MARZO SE SUMARÁN LAS 9 RESTANTES

El 2018 arranca con más de la mitad de los gobernadores con la adhesión de rigor ya ratificada en sus Legislaturas. Optimismo en Casa Rosada: envía compensación financiera también a distritos que no la obtuvieron aún. Pero si no cumplen con ese paso, deberán devolverla


En el inicio de 2018 ya 14 provincias -poco más de medio país- adhirieron, vía sus Legislaturas, al amplio Pacto Fiscal que los gobernadores (menos San Luis) sellaron en noviembre con Mauricio Macri y que significó el fin de la millonaria y amenazante puja en la Corte por la actualización del Fondo del Conurbano bonaerense.

Se trata de un paso obligado -junto con el aval del Congreso, cosechado el 21 de diciembre- para que entre en vigencia el entendimiento y se dispare así el mix de cumplimiento de metas y de compensaciones de fondos negociados arduamente con Balcarce 50.

Pero la asignatura que aún pende en el resto de los distritos no preocupa a la Casa Rosada, que confía en tener sumado al lote a todos los mandatarios antes de marzo.

"Entre enero y febrero van a sancionar todas la adhesión", aseguraron desde despachos nacionales a Ámbito Financiero.

En base a ese optimismo, activarán por estas horas las remesas de compensaciones financieras contempladas en el acuerdo de Consenso Fiscal (por, entre otros ejes, la derogación del artículo 104 de la Ley del Impuesto a las Ganancias y sus detracciones, con el consecuente engrosamiento de la coparticipación) y sostendrán además los envíos del Fondo Federal Solidario (conocido como el "Fondo Sojero" y atado ahora al aval al Pacto), aún en el caso de los distritos que no avalaron aún el entendimiento.

Pero esa confianza tendrá una fecha de vencimiento, que se define por estas horas y que pivotearía entre marzo y abril. A partir de ese tope, aquella provincia que no haya cumplido con la obligación de avalar el Pacto en la Legislatura no sólo dejará de recibir las compensaciones financieras, sino además no percibirá más las transferencias del Fondo Sojero.

La advertencia compete a gobernadores pero además -y sobre todo- a sectores de las oposiciones locales, que potencialmente busquen trabar la adhesión de la provincia al acuerdo en medio de tensiones con los oficialismos provinciales.

Por de pronto, hasta el momento cosecharon la adhesión de su provincia al Pacto Fiscal catorce gobernadores. Veamos:

Dos de Cambiemos: María Eugenia Vidal (Buenos Aires) y Horacio Rodríguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires),

Nueve peronistas: Gustavo Bordet (Entre Ríos), Domingo Peppo (Chaco), Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Urtubey (Salta), Lucía Corpacci (Catamarca), Juan Manzur (Tucumán), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa, el pasado jueves) y Alicia Kirchner (Santa Cruz, el viernes, tras graves incidentes en una protesta gremial por retrasos salariales).

Tres de partidos provinciales: el misionero Hugo Passalacqua (Frente Renovador de la Concordia), Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Omar Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino).

En tanto, febrero será arduo en los recintos en este rubro. Por caso, el 9 de febrero será tratada en Chubut la adhesión al acuerdo -remitida por Mariano Arcioni (Chubut Somos Todos)-, mientras que ese mes seguirán igual camino los avales remitidos por los peronistas Sergio Casas (La Rioja) y Sergio Uñac (San Juan; lo envió el pasado jueves), el socialista santafesino Miguel Lifschitz y el radical jujeño Gerardo Morales (Cambiemos).

Por su parte, ya tomaron estado parlamentario los textos enviados por el peronista Carlos Verna (La Pampa) y el santiagueño Gerardo Morales (Frente Cívico).

Asimismo, el mendocino radical Alfredo Cornejo remitirá el aval a la Legislatura en febrero, mientras que el flamante mandatario correntino, el radical Gustavo Valdés, no envió aun el proyecto, que también sería tratado durante el verano.

San Luis quedó, en cambio, afuera de este escenario: el mandatario Alberto Rodríguez Saá (Compromiso Federal) se negó a firmar el Pacto de Consenso Fiscal, en desacuerdo con sus condiciones.

En las últimas horas, desde Santa Fe graficaron la necesidad de contar con la aprobación en la Legislatura del Pacto Fiscal.

"El Pacto Fiscal prevé ventajas para la provincia e implica compromisos también. Si no se aprueba, pierde valor ese documento y perderíamos muchos recursos porque la compensación que establece Nación, la coparticipación del impuesto al revalúo de activos, la cobertura de parte del déficit previsional, la distribución del Fondo Sojero, todo eso está condicionado a la aprobación", sostuvo Lifschitz.

El mandatario socialista, en esa línea, remarcó que "sería negativo para la provincia perder miles de millones de pesos". "También perdería valor el compromiso de Nación de pagar la deuda antes del 31 de marzo", advirtió.

"El consenso fiscal establece algunos elementos que condicionan determinados giros de coparticipación a las provincias a la adhesión al pacto", afirmó por su parte el ministro de Economía santafesino, Gonzalo Saglione.

En esa línea, remarcó que, de no prosperar la sanción, la provincia en cuestión "dejaría de recibir esos fondos, por ejemplo el Fondo sojero, que hoy recibe para ejecutar obras municipios y comunas". Igual suerte seguiría la compensación por pérdida de recursos del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Cheque, que para el caso de Santa Fe rondan los $1.000 millones.

El entendimiento con las provincias el 16 de noviembre es amplio y mixtura desde la solución política a la puja por el Fondo del Conurbano hasta metas provinciales estrictas de reducción del gasto -que los mandatarios deberán intentar transmitir a los intendentes- y de baja de Ingresos Brutos y Sellos (ahora, más graduales), con cambios en el cálculo del aumento jubilatorio que generaron fuerte polémica y tensión y obligaron a retoques posteriores para que no naufragara la iniciativa.

En lo que respecta al fin del conflicto por el congelado Fondo de $ 650 millones, se acordó que María Eugenia Vidal (Cambiemos) retire la demanda de la Corte tras asegurarse $44 mil M extra para 2018 y $65 mil M para 2019, en el marco de una actualización gradual.

El entendimiento incluye la derogación del artículo 104 de la Ley de Ganancias, lo que elimina -entre otros ejes- la detracción del 20% para la ANSES y libera esos recursos para la coparticipación general. El organismo pasa a recibir, en cambio, el 100% del Impuesto al Cheque.

Además se determina que los gobernadores adheridos desistirán de sus juicios por fondos ante la Corte tras negociar que Nación les pague (menos a Bs. As.) un bono a 11 años por $80 mil M, con servicios por $5 mil M en 2018 y $12 mil M a partir de 2019, y a repartir en función de la coparticipación.

También se definió, entre otros ejes, establecer antes del 30 de junio de este año un mecanismo para compensar deudas y créditos recíprocos por reclamos no alcanzados por desistimientos. Además se estableció acordar antes del 31 de marzo el monto y forma de pago de juicios con sentencia firme en la Corte, anteriores a la firma del consenso (el caso de Santa Fe).


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