Sábado, 22 de Septiempbre de 2018
07 de Mar | 17:55:00 - POLITICA
Falleció Bignone, el último dictador de la Junta Militar

El genocida Reynaldo Bignone, último presidente de la dictadura, falleció hoy a los 90 años en el Hospital Militar, donde había sido internado ayer, mientras cumplía prisión perpetua en una de las diez causas en las que fue condenado por crímenes de lesa humanidad.

Bignone había recibido una de las mayores condenas por parte del Tribunal Oral Federal N° 1, en el marco del juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del Plan Cóndor y Automotores Orletti.

En 2016, la Justicia lo condenó a prisión perpetua junto a Santiago Omar Riveros y otros acusados, en el marco de la causa que investigaba los delitos ocurridos durante la dictadura cívico militar en el Colegio Militar de la Nación.

En diciembre de 1983, Bignone le entregó el mando al primer jefe de Estado de la actual democracia, Raúl Alfonsín, después de que este ganase las elecciones realizadas dos meses antes tras siete años de dictadura (1976-1983).

Contra el dictador pesaban varias condenas perpetuas por delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen: robo de bebés, torturas, privaciones ilegales de la libertad y asociación ilícita eran algunos de los delitos que figuraban en su historial.

Ocho días después de la muerte del también genocida Luciano Benjamín Menéndez, Bignone murió cuando cumplía arresto domiciliario en un edificio de Luis María Campos y Dorrego, en el barrio porteño de Palermo, desde donder fue trasladado de urgencia al Hospital Militar.

Hace un año, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín le había impuesto la pena de prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad de los que fueron víctimas soldados que cumplían el servicio militar obligatorio en el Colegio Militar de la Nación entre 1976 y 1977, en un juicio en el que también fueron condenados otros seis represores.

Con esta última sentencia, había sumado tres condenas a perpetua y otras siete de al menos 15 años de prisión.

También fue condenado a prisión perpetua en 2011, en la causa Campo de Mayo III, y en 2013, en un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos contra 23 víctimas, entre ellas siete mujeres embarazadas que dieron a luz en maternidades clandestinas.

Además, en otros juicios, fue hallado culpable de crímenes del terrorismo de Estado cometidos en diversos centros clandestinos de Campo de Mayo y en el Hospital Posadas, en el Gran Buenos Aires, y se acreditó su responsabilidad en la apropiación de hijos de desaparecidos y en el Plan Cóndor que coordinó la represión ilegal de las dictaduras sudamericanas.

Como jefe de la Zona 4 área 480 de la represión, con jurisdicción en Campo de Mayo, tuvo a su cargo centros clandestinos de detención y exterminio como El Campito, La Casita, el hospital castrense y la Cárcel Militar, todos en la mayor guarnición militar del país.

Campo de Mayo fue, junto a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en el norte porteño, y La Perla, en Córdoba, uno de los tres mayores campos de concentración y exterminio de la última dictadura.

Antes de abandonar el Poder Ejecutivo, Bignone sancionó la ley 22.924, llamada "Ley de autoamnistía", que otorgaba impunidad a todos los miembros de las Fuerzas Armadas por los crímenes cometidos entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982.

Nacido en 1928 en el partido bonaerense de Morón, en 1944 Bignone ingresó al Colegio Militar de la Nación, establecimiento que tuvo a su cargo en 1975 como director y, durante la dictadura, primero como subjefe y luego como jefe del Comando de Institutos Militares.

Desde octubre de 1980, fue comandante de Institutos Militares, cargo que ocupó hasta pasar a retiro en diciembre de 1981, meses antes de ocupar el sillón presidencial en lugar de Leopoldo Fortunato Galtieri, después de la derrota en la guerra de Malvinas, en 1982.

Fue excluido en el juicio histórico que condenó a las juntas militares en 1985, junto con Augusto Hughes y Rubén Franco, los tres integrantes de la última junta dictatorial.

Tras la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, en 2003, por el Congreso, y de la nulidad de las mismas, resuelta en 2005 por la Corte Suprema de Justicia, los juzgados federales reabrieron las causas con denuncias por delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.

No obstante, Bignone recibió su primera condena recién en abril de 2010, como coautor penalmente responsable de 11 casos de allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegítima de la libertad y tormentos.


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