En un principio, el abogado disparó contra los medios de comunicación que condenaron socialmente a su acusado, estigmatizandolo y publicando que estaba detenido, cuando nunca estuvo tras las rejas: “Fue apodado por varios medios masivos, como ‘médico trucho’ o ‘médico falso’, cuando realmente no es así, y deberán rectificarse oportunamente”. En ese sentido, explico que este ciudadano venezolano realmente es galeno, apto profesionalmente para ejercer el arte de la medicina. “En nuestro criterio jurídico, no se configura el delito de ejercicio ilegal de la medicina (art 208 CP), en virtud que nuestro asistido posee título profesional en el arte de curar”, explicó. Asimismo, en diálogo con esta agencia de noticias, añadió: “Sus pacientes no corrieron ningún riesgo de salud porque, reitero, es médico recibido, experto en su profesión y sabe lo que hace, y lo que hizo. Todos los tratamientos curativos que prescribió, son válidos y propicios para la mejoría de la salud física de sus pacientes”. La principal argumentación de Chouela y su socia Inés Bergamini gira en torno a que no existió ejercicio ilegal de la medicina, porque la autorización a que se refiere el art. 208, inciso 1 del Código Penal, no tiene que ver con la inscripción en la matrícula, sino que atañe fundamentalmente al exceso en el arte de curar, situación que no ocurrió en el caso de marras, a pesar de la potencial falta de reválida de su título. A su vez, expresaron que tampoco existió el delito de estafa, por el mismo motivo: “Es médico auténtico, tiene título universitario, y no engañó a sus pacientes, lo que se prueba por su capacidad, condiciones y aptitudes en su experticia en el arte de curar”. En cuanto al delito de Usurpación de títulos y honores (art 247 CP), la fiscalía deberá investigar y probar si realmente se configura ese ilícito penal: “No se puede generalizar, ni asimilar este caso, al de los demás médicos denunciados en Cañuelas y Caballito, que supuestamente no tenían título, ni capacidad curativa, y en ese caso correría realmente riesgo la salud de los pacientes”. Para concluir, denunciaron discriminación: “Existen muchos profesionales argentinos en situación irregular. El Estado no debe investigar y estigmatizar únicamente a los extranjeros, con basamento en una política criminal direccionada y discriminatoria”. FUENTE www.agencianova.com/nota.asp?n=2018_8_9&id=64418&id_tiponota=24