Domingo, 20 de Octubre de 2019
25 de Jun | 09:49:00 - JUDICIALES
PARA HUGO LOPEZ CARRIBERO EL SISTEMA DE JUICIO POR JURADO HA LLEGADO PARA QUEDARSE:

El abogado penalista, Hugo Lopez Carribero, manifestó que el Instituto de juicio por jurado, es el sistema más respetuoso de los derechos y garantías que rigen el proceso penal ya que el establecimiento de jurados obliga a que el juicio sea oral y público, dotando de mayor transparencia a las decisiones judiciales y haciéndolas más accesibles para la ciudadanía.

Es la manera de garantizar la participación ciudadana en la administración de justicia y lograr mayor imparcialidad en las resoluciones. El jurado popular, compuesto de doce integrantes, todos ellos ajenos al proceso, forma parte activa del desarrollo del juicio ya que tienen la responsabilidad de decidir acerca de la situación procesal del imputado.
Este mandato, establecido en la Constitución Nacional desde 1853, solo está reglamentado en cinco provincias (Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, Chaco y Río Negro) debido a la facultad que poseen las mismas en dictar sus propias leyes. El jurado solo decide si el acusado es culpable o no del hecho y la pena será fijada por un juez técnico. El jurado no tiene que dar fundamentos de su decisión, su rol es una carga pública y su veredicto no es apelable.
Lopez Carribero, asegura que este sistema es el más adecuado para la resolución de casos, ya que no solo es más breve, sino que respeta las garantías de la sociedad, tanto del imputado en virtud a ser juzgado por sus pares, así como también las de la ciudadanía participando de la administración de justicia.
El especialista en derecho penal, aseguró que este sistema ha llegado para impartir justicia y velar por las garantías de todos los habitantes de la República, transmitiendo confianza y legitimidad a las decisiones judiciales, limitando el poder de quienes nos gobiernan y poniendo un freno al absolutismo en los juicios penales.
De esta manera, Lopez Carribero destacó que este Instituto es la modalidad más acertada para evitar los desvíos de la Justicia y del poder del Estado.


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