ARA San Juan: persisten las dudas sobre la voluntad de Macri de presentarse a indagatoria

ARA San Juan: persisten las dudas sobre la voluntad de Macri de presentarse a indagatoria

Por Ariel Zak Designó abogado, firmó un escrito, recordó que está fuera del país pero no presentó pasajes aéreos que acrediten su regreso ni dio indicios sobre su decisión de comparecer ante el juez Martín Bava el próximo miércoles 20.

El expresidente Mauricio Macri nombró al abogado que lo defenderá en la causa en la que se lo investiga por espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, pero aún no aportó ningún elemento que muestre real voluntad de presentarse a su indagatoria prevista para el miércoles próximo.

El exmandatario dejó su defensa en manos del abogado Pablo Lanusse, junto a quien firmó un escrito de 10 páginas en el que manifestó que es "inocente" de lo que se lo acusa y, como primer movimiento estratégico, apeló la prohibición de salir del país que le impuso el juez federal interino de Dolores, Martín Bava.

"Macri presentó abogado, recordó que está fuera del país y atacó una medida dispuesta por el juez, pero no dijo nada sobre si asistirá a su indagatoria; ni siquiera presentó lo pasajes que podrían acreditar su voluntad de regresar antes del 20 de octubre", le dijo a Télam una fuente con acceso al expediente.

Hasta ahora, la única expresión vinculada con una eventual decisión del exmandatario de presentarse a declarar el día en el que fue citado (por segunda vez) corresponde al dirigente de Juntos por el Cambio Hernán Lombardi, quien manifestó en declaraciones radiales que Macri volverá al país el 19 para presentarse el 20 ante la Justicia.

Las declaraciones públicas de Lombardi no fueron ratificadas -aunque tampoco desmentidas- por los asesores legales de Macri, que no confirmaron aún la comparecencia del expresidente ante el juez Bava la semana próxima.

De hecho, todavía no tomaron contacto con el expediente por lo que no conocen sus detalles, según pudo saber Télam.

El abogado Lanusse solicitó días atrás que le asignaran un turno para poder compulsar el expediente el 19 de octubre (la modalidad de los turnos está vinculada a la dinámica que impuso la pandemia a la actividad judicial) y el viernes recibió como respuesta que no solo está autorizado a ir a ver la causa sino que también puede hacerlo el día anterior, el lunes 18.

"Téngase presente la solicitud efectuada por el Dr. Pablo Lanusse, en calidad de defensor particular del imputado Mauricio Macri. Hágase lugar al pedido de turno para compulsar las actuaciones reservadas, para el día solicitado (martes 19 de octubre del corriente). Asimismo, póngase en conocimiento del defensor que, en caso de necesitarlo, también se encuentra autorizado a comparecer a esta sede el día lunes 18, a los mismos efectos", dispuso el juez Bava en una resolución a la que accedió esta agencia.

Ese intercambio entre el defensor de Macri y el juzgado despertó nuevamente las dudas de la querella de familiares de tripulantes del ARA San Juan que representa la abogada Valeria Carreras, quien manifestó que se avizora "que la fecha que pide la defensa, sería a los fines de pedir prórroga de indagatoria para el expresidente, por falta de tiempo para compulsar la causa".
 

La imputación


A Macri se le imputa que desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre diciembre de 2017 y finales de 2018, "ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de Derechos Humanos".

"Entre esas tareas de espionaje prohibidas por ley, se le imputa haber ordenado y posibilitado la realización de numerosas de ellas con el propósito de obtener datos personales e información de los familiares y allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan", según detalló el juez Bava en la resolución que emitió el 1 de octubre cuando convocó al exmandatario a indagatoria.

"Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes", sostuvo el magistrado.

"Dichas tareas no contaron con autorización judicial alguna ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri", explicó en otro pasaje de aquella resolución a la que accedió Télam.

"Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu proprio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que, en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri", había asegurado el juez Bava.

Del expediente surge que los informes de inteligencia producidos por la AFI en relación a los familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan habrían llegado hasta el propio expresidente, quien se habría nutrido de los mismos para adelantarse a los reclamos o pedidos que pudieran hacerle.

 

Procesamientos previos


En este expediente ya fueron procesados los exdirectores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, además de quienes estaban a cargo de la base Mar del Plata de esa agencia, a quienes el juez señaló como responsables de haber realizado maniobras de espionaje a sabiendas de que estaban prohibidas por ley.

Esta causa se inició hace más de un año a partir de una denuncia formulada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, luego de que dentro de ese organismo fueran halladas las pruebas del supuesto espionaje almacenadas en tres pendrives.

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