La Oficina Anticorrupción radicó hoy en sede judicial una denuncia penal contra la gestión del ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral(Frente Cívico y Social), por una obra que se pagó dos veces y aún no se concluyó, según se informó.
La denuncia penal se radicó en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública y la llevó a cabo la Fiscalía de Estado, a través de la Oficina Anticorrupción, donde solicitó que se investigue un supuesto "fraude por irregulares desembolsos a dos empresas distintas por una misma obra que aún continúa inconclusa".
Se trata de la obra energética Línea Media Tensión(LMT) 33 KV AmpajangoSanta María, adjudicada a la Contratista ALMACOR, que cobró por la ejecución el 95%, aunque la empresa solo construyó el 65%.
Se epxlicó que sobre una obra que en 2008 estaba presupuestada en unos $7,4 millones, ALMACOR habría embolsado un extra de $2,4 millones.
Según la investigación de la Oficina Anticorrupción, "lo más llamativo aún fue que en octubre de 2010 el gobierno provincial realizó el acta de rescisión de la obra, sin elementos claros que justifiquen tal resolución".
A partir de ello, aparece en escena la empresa MAKERS Construcciones y Servicios, de Walter Feltrín, a la que el entonces gobierno de Eduardo Brizuela del Moral contrató para que culminara con el 35% de AmpajangoSanta María.
Es así que a poco de que terminara la gestión del Frente Cívico y Social (FCS) MAKERS es contratada por $ 750.000 y se le otorga un anticipo de $ 350.000.
Tras la asunción del nuevo gobierno del Frente para la Victoria y la consecuente verificación de la obra, los técnicos informan que, sobre el 35% que faltaba ejecutarse, no se realizó trabajo alguno.
De allí que los ministerios de Obras y de Servicios Públicos elevaron toda la documentación obrante a Fiscalía de Estado para la correspondiente denuncia.
Los abogados de la Fiscalía, Ezequiel Olmos y Diego Fuenzalida, fueron los encargados de presentar la denuncia por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público; fraude en contra de la Administración Pública y posible asociación ilícita.
"Estarían implicados altos funcionarios del Poder Ejecutivo, en clara connivencia con personas ajenas a la Administración", señala un párrafo de la denuncia, a la que pudo acceder Télam.
